Desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente denunciamos la desigualdad, explotación y precariedad que afectan especialmente a las mujeres en el ámbito laboral. La economía sumergida perpetúa la vulnerabilidad de millones de trabajadoras, negándoles derechos fundamentales y condiciones dignas de vida.

Un grito por la justicia laboral e igualdad
El trabajo es clave para la dignidad humana. La economía sumergida niega este derecho al privar a las mujeres de empleos justos y equitativos. Urge que esta problemática sea priorizada en las agendas políticas y sociales. “El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre: un bien útil, digno, que corresponde a su dignidad, que expresa y acrecienta la dignidad humana” (CDSI, 287)

Las mujeres en la economía sumergida: Una realidad invisible
En España se calcula que la economía sumergida supone en torno al 16% del PIB y es muy difícil calcular cuál es la participación exacta de la mujer en ese porcentaje, sin embargo, todos los estudios coinciden en que es mayoritaria en todos los casos. Muchas empleadas del hogar, jornaleras, cuidadoras y limpiadoras trabajan sin contratos ni protección social, enfrentando jornadas extensas, salarios bajos y despidos arbitrarios. La situación es aún más grave para las mujeres migrantes, quienes, debido a barreras administrativas, racismo y xenofobia, se ven obligadas a aceptar empleos informales. Además, muchas enfrentan riesgos de trata y explotación sexual.

Propuestas para un cambio transformador
Desde Iglesia por el Trabajo Decente proponemos acciones concretas para combatir la economía sumergida y mejorar la vida de las trabajadoras:

1. Regularización laboral: Formalizar empleos en sectores como el doméstico, agrícola y de servicios, eliminando barreras administrativas y protegiendo los derechos laborales.
2. Inspección y cumplimiento de leyes: Fortalecer los mecanismos de inspección laboral y sancionar a quienes exploten a las trabajadoras y trabajadores, acompañados de campañas informativas sobre derechos laborales.
3. Regularización de migrantes: Garantizar permisos de residencia y trabajo justos para las personas migrantes, contribuyendo a una economía más equitativa.
4. Educación y capacitación: Implementar programas formativos para que las mujeres accedan a empleos de calidad, fomentando también su organización y liderazgo.
5. Acompañamiento pastoral y social: La Iglesia debe continuar apoyando a las trabajadoras que sufren vulneraciones de derechos laborales, escuchándolas, acompañándolas y denunciando injusticias, reflejando el compromiso evangélico con las personas vulnerables.
6. Conciliación y corresponsabilidad: Promover políticas que equilibren la vida laboral y familiar, como permisos parentales igualitarios y servicios de cuidado accesibles y de calidad.

Un llamado a la esperanza.
El 8 de marzo es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la justicia social. Como seguidores y seguidoras de Jesús, debemos enfrentar estructuras de exclusión y pobreza como la economía sumergida, con valentía y esperanza. Tal como expresó el Papa Francisco al convocar el Jubileo 2025 bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, estamos llamados a redescubrir la fuerza transformadora de la fe y la esperanza.
Es posible transformar un mundo donde las mujeres vivan con dignidad y el trabajo sea una fuente de vida plena. Sigamos luchando por un trabajo decente para todas y todos, y por una sociedad en la que nadie sea invisible.

Trabajo decente, derecho, no privilegio